Compras del Estado: Transparencia propone una autoridad de vigilancia
La ONG plantea crear la Autoridad Nacional de Contrataciones Públicas, con registro de contratos y alertas antes de que se gaste el dinero.

La organización Transparencia Venezuela presentó una propuesta para crear un Sistema Nacional de Contrataciones Públicas Abiertas, con el fin de blindar las compras del Estado y frenar el desvío de fondos. Su pieza central sería la Autoridad Nacional de Contrataciones Públicas (ANCP).
La ANCP registraría todos los contratos, les haría seguimiento en tiempo real, publicaría sus condiciones y activaría alertas tempranas antes de que se ejecute el gasto. Sería un instituto autónomo creado por ley orgánica y adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, pero con autonomía técnica, funcional, financiera y administrativa. La ONG descartó vincularlo a la Presidencia o al Poder Ciudadano para evitar conflictos de interés.
Según el diagnóstico de la organización, la Transparencia Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estiman que las pérdidas por irregularidades en las compras públicas oscilan entre 10 % y 25 % del valor de los contratos. En Venezuela, Transparencia documentó más de 240 obras inconclusas en 22 estados y el deterioro de la electricidad, el agua y el transporte pese a las inversiones reportadas.
El sistema abarcaría a toda persona jurídica que maneje fondos públicos: gobernaciones, alcaldías, fideicomisos en el exterior y empresas estatales, incluida la industria petrolera. Para la venta de hidrocarburos habría un régimen propio de subastas o cotizaciones competitivas bajo registro público.
La propuesta incluye un registro único de proveedores y beneficiarios finales, con una lista de inhabilitados, y una plataforma de datos abiertos. La organización plantea cuatro candados: que la ley solo pueda desaplicarse por derogación expresa, que se registre todo contrato aun bajo decretos de emergencia, que se elimine la reserva de confidencialidad sobre el uso de fondos públicos y que la base de datos se replique bajo custodia independiente.
Para los primeros 100 días propone instalar una comisión multiactor, hacer un censo de entes contratantes, inventariar las normas de excepción y lanzar un plan piloto de datos abiertos con entre 5 y 10 instituciones. En el primer año se aprobaría el marco legal, que derogaría expresamente la Ley Antibloqueo de 2020, y se designarían las autoridades por concurso. Según el comunicado, la propuesta “puede comenzar con medidas administrativas, sin esperar una nueva ley”.
Con información de El Diario (se abre en una ventana nueva) y El Nacional (se abre en una ventana nueva)


